Cuando se utiliza el término inglés compliance en el ámbito de los recursos humanos y de la empresa en general, solemos referirnos al seguimiento de las leyes y regulaciones por parte de las empresas de un determinado sector de actividad. Por tanto, este concepto va más allá de las meras reglas básicas sobre impuestos y contabilidad. Dependiendo de su tipo de actividad, es posible que una compañía deba cumplir distintos conjuntos de leyes que tienen un impacto significativo en sus operaciones.
Algunas empresas son de la opinión de que un programa de compliance aborda estrictamente las consideraciones regulatorias externas. Sin embargo, existe un enfoque más integrador, centrado en prevenir riesgos, así como en alcanzar los objetivos estratégicos, operativos y de información. Apuestan, así, por un programa de compliance que reúne todos los esfuerzos de cumplimiento normativo de una empresa.
Te puede interesar: Entrevista con Donald H Taylor, Todo lo que necesitas saber sobre las nuevas tendencias en formación y desarrollo
Entre las principales áreas afectadas por este tipo de normas, además de lo relativo a las finanzas, se encuentran las clásicas relativas a la Prevención de Riesgos Laborales o a la Accesibilidad.
Salud y seguridad en el trabajo
Teniendo en cuenta que, en el tema del compliance, la legislación de cada país tiene la última palabra, vamos a adoptar un punto de vista lo más global posible, esta vez acercándonos al ámbito de actuación de la Unión Europea.
La regulación se ha ido desarrollando en el ámbito europeo principalmente a través de Directivas comunitarias jurídicamente vinculantes y que deben transponerse al Derecho interno de cada Estado miembro. La más importante de estas normas es la relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo (Directiva Marco), de 1989.
En ella se establecen los principales derechos y deberes atribuibles al empresario y a los trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo. Esta norma se ha traspuesto en todos los países de la UE a su principal norma nacional en dicha materia.
Además de esta Directiva Marco, se han ido desarrollando otras normas comunitarias durante años. Estas regulan de manera más específica aspectos tales como los equipos de trabajo y máquinas, condiciones materiales de los centros de trabajo, equipos de protección individual, protección de los trabajadores frente a riesgos específicos, etc.
Accesibilidad
Es otra de las grandes áreas del compliance y abarca lo que tiene que ver con el desplazamiento físico de cualquier empleado con movilidad reducida, hasta lo relativo al acceso de la información online de las personas con capacidades diversas. En otras palabras, la accesibilidad es la condición que han de cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como cualquier dispositivo o instrumento, para ser utilizables y comprensibles por todas las personas.
Volviendo al marco europeo, justo en marzo de 2019 la Eurocámara aprobó una nueva ley europea de accesibilidad cuya meta es mejorar la vida diaria de las personas con discapacidad y de los mayores, así como fomentar la innovación empresarial para una mayor accesibilidad de todo tipo de bienes y servicios. La UE fomenta, en definitiva, la inclusión activa y la completa participación de los discapacitados en la sociedad, también en el trabajo, de acuerdo con un enfoque que se integra en el contexto de los derechos humanos.
En ese carácter universal se mueve la normativa de la mayoría de los países democráticos y desarrollados. Así ocurre, por ejemplo, con la Americans with Disabilities Act (ADA) en Estados Unidos.
El significado del compliance
En resumen, debido al innegable aumento de la sensibilidad social respecto de la ética de las empresas, cada vez más organizaciones públicas y privadas implementan estándares éticos y legales como protocolos de buen gobierno de obligado cumplimiento.
Previenen así los riesgos que conllevan consecuencias como el daño en la reputación, la imposición de importantes multas y sanciones, las pérdidas de negocio por contratos no ejecutables o la exclusión de licitaciones o subvenciones públicas, entre otras.